En el sector agrícola fueron el 64.35% de la mano de obra durante el año 2010, según un libro reciente.

La migración haitiana debe ser un tema permanente para el Estado dominicano, por “sus profundas implicaciones sociales, económicas y legales”, según un libro que acaban de publicar dos organizaciones de la sociedad  civil, con respaldo de la Compañía de Jesús. En el 2010 representó el 64.35% de la fuerza laboral del sector agropecuario dominicano.
La publicación recomienda que un tema inicial sea “resolver la situación de decenas de miles de descendientes de inmigrantes haitianos que han nacido en territorio dominicano antes de la promulgación de Constitución Dominicana del 26 de enero del 2010”.“La posición de reconocer a estas personas la nacionalidad dominicana de pleno derecho tiene una fuerte fundamentación legal, pero, también la posición contraria, por lo que insistir en este punto podría radicalizar las posiciones. Sería preferible buscar un mecanismo práctico que les permita el reconocimiento de la nacionalidad dominicana antes de que el problema se agrave”, dice el libro “ Condición y Aportes de la Mano de Obra de Origen Haitiano a la Economía Dominicana”.
Se trata de una obra del Centro de Formación y Acción Social y Agraria (Cefasa) y de Consultores Económicos Financieros y Organizacionales (Cefinosa), que busca “responder a las infundadas elucubraciones del excesivo gasto social que representa la presencia haitiana en el país”, según el padre jesuita José Rafael Núñez, director del Cefasa, hasta junio del año pasado. Según el religioso, que escribió la presentación del libro, “esta posición representa muchos beneficios para varios sectores en el país, especialmente para el Estado”.
“El Estado ha querido justificar, como excusa muchas veces, que el subdesarrollo del país y los pocos avances en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio se deben a la presencia haitiana y al gasto social que representa en salud, educación y otros renglones de los servicios sociales. Demostramos con esta investigación: que la falta de voluntad política e ineficiencia del gobierno en el proceso de regularización de los inmigrantes afecta ampliamente al Estado: que se deja de percibir una gran suma de dinero en impuestos; que los inmigrantes regularizados aportarían con creces a los gastos sociales; que sectores muy pujantes de la economía del país no se entienden sin la mano de obra haitiana y que un fuerte porcentaje del PIB se debe al trabajo de los inmigrantes haitianos”.
El libro recomienda establecer mecanismos para regularizar la presencia de miles de trabajadores inmigrantes haitianos que residen en territorio dominicano, que “no  se irán y que son requeridos por diversos sectores de la economía dominicana. Este mecanismo debe ser realista, mediante la búsqueda de soluciones prácticas a la carencia de documentación de los inmigrantes haitianos y a los costos para obtenerla y realizar los procedimientos vigentes”.
La publicación reconoce que eso requerirá de la colaboración entre los estados dominicano y haitiano y la instauración de métodos biométricos de identificación que permitan individualizar a esos inmigrantes y a partir de los mismos generar documentos de identificación, así como la introducción de la visa de trabajo en el esquema de visas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para los autores de la investigación, “una vez establecidos los mecanismos, los controles fronterizos tienen que ser fortalecidos y transparentados, pues no será posible regularizar la situación de los migrantes haitianos en la República Dominicana, con base en la Ley y en la política migratoria, si no se controla legalmente su acceso y se conoce la magnitud de esta migración”.
Destacan que la RD, por el hecho de compartir una misma isla y por sus vínculos históricos  con Haití, debe impulsar la búsqueda de una respuesta internacional amplia para ayudarle a superar sus problemas y mejorar su calidad de vida, con lo que pudiera controlarse el flujo migratorio. “Por tanto, es necesario aunar y ampliar los esfuerzos y compromisos para que la ayuda a Haití fluya de manera adecuada y se fortalezcan sus instituciones y su aparato productivo”, exponen.
La publicación plantea que la importancia relativa de la población ocupada haitiana no puede ser obviada por las instituciones públicas y privadas nacionales en el diseño e implementación de políticas económicas y sociales, pues constituyó el 64.35% de la fuerza laboral del sector agropecuario y el 13.71% de la masa trabajadora, en el año 2010. “Asimismo, hay que tomar en cuenta que si se regularizara su condición migratoria, el aporte que haría a la seguridad social sería de RD$2,034 millones/año, con lo cual se compensarían con creces los gastos en salud en los que incurre el Estado en los inmigrantes y se les garantizaría una pensión digna para sus años de retiro”.
Los autores de la investigación afirman que el aporte a la seguridad social que harían “simultáneamente, los inmigrantes indocumentados que trabajan en los sectores de caña de azúcar, arroz, banano, café y de la construcción y sus empleadores, ascendentes a más de 7,332 millones de pesos, no podría compararse  con los gastos asociados que implica cubrir los costos de pensiones, salud y riesgo laborales”. Precisan que de ese modo, “las finanzas del sistema de la seguridad social se verían muy fortalecidas y el Estado estaría protegiendo a la población más vulnerable del país, ahorrándose severas críticas de organismos internacionales y evitando el agravamiento de un problema social de imprevisibles consecuencias en el futuro”.
Plantea que “se impone que la República Dominicana impulse, ante la comunidad internacional, la implementación de programas de  cooperación dirigidos a enfrentar los acuciantes males sociales, económicos y ambientales del vecino Haití, de manera que se pueda mitigar la pobreza crítica y con ello, contribuir a frenar el flujo migratorio hacia la República Dominicana y otros países”.

Vínculos de negocios sin política comercial

El libro plantea, asimismo, que existen vínculos de negocios entre los dos países “los cuales deben obedecer a una política comercial claramente definida, que contemple su formalización, bajo un esquema fiscal flexible, la adecuación de espacios físicos, la logística de almacenamiento y transporte y la puesta en práctica de normativas y controles que refuercen las medidas de seguridad, eviten la extorsión, se apliquen controles de calidad, normativas ambientales y se transparenten las reglas del juego comercial”. Precisa, al mismo tiempo, que los inmigrantes haitianos y los dominicanos indocumentados de ascendencia haitiana son “invisibles”, al igual que muchos otros dominicanos pobres del país, ante los sistemas de integración social que elevarían su dignidad humana. “La necesaria inserción en el sistema educativo y en el régimen de la seguridad social, a mediano y largo plazos puede constituirse en la prevención de un problema social de incalculables consecuencias, que puede atentar contra la paz social en la República Dominicana”, indican.

Fuente de El Caribe.

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