El movimiento Justicia Fiscal declaró que el ex presidente Leonel Fernández intentó en su discurso del martes ocultar su responsabilidad política y moral en el despilfarro y dispendio de fondos públicos, que su administración dispuso con mayor notoriedad en la ejecución del presupuesto del presente año 2012.

A juicio de Justicia Fiscal, es institucionalmente inaceptable que el ex presidente Fernández se dirija al país para justificar el  “desastre” fiscal del Estado y asuma la defensa de una reforma tributaria que atenta contra la sobrevivencia de la población más empobrecida.

Resaltó que la mayoría de los sectores del país rechaza la reforma tributaria, porque no se compromete a racionalizar ni a mejorar la calidad del gasto público.

“Leonel miente e intenta hacernos creer que el paquete tributario que el Gobierno y el Congreso acaban de imponer es el resultado  de un pacto fiscal que nunca llegó a concertarse”, sostuvo Justicia Fiscal.

Sostuvo que, por el contrario, el paquetazo de impuestos aleja la posibilidad de construir un verdadero pacto fiscal,  tal y como lo contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo, para producir una reforma fiscal integral orientada a reducir la evasión fiscal,  elevar la calidad, eficiencia, transparencia y equidad del gasto público  y de la estructura tributaria, así como establecer una  ley de responsabilidad fiscal.

“No puede aceptarse como buena y válida elevar la tasa del ITBIS, ni la  ampliación de la base imponible  sin estudiar primero los efectos en la equidad tributaria. Los impuestos indirectos al consumo de la población son la forma más cómoda y barata de cobrar impuestos, pero es la forma más inequitativa e injusta”

“Leonel Fernández solo hace referencia a la elevación de la presión tributaria, e ignora la referencia de dicha Ley sobre la calidad y eficiencia del gasto público.  Nos preguntamos entonces ¿por qué el ex presidente Fernández no se refirió a estos aspectos del artículo 36 de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Ignorarlo estos puntos justamente cuando la población está exigiendo responsabilidad fiscal y demandando justicia fiscal?”, reflexionó la entidad.

Argumentó que Leonel Fernández eludió referirse a la inequidad de los impuestos indirectos al consumo, situación que limita el poder de compra de los hogares empobrecidos y les somete a situaciones de inseguridad alimentaria, desnutrición y mayor vulnerabilidad.

“No puede aceptarse como buena y válida elevar la tasa del ITBIS, ni la  ampliación de la base imponible  sin estudiar primero los efectos en la equidad tributaria. Los impuestos indirectos al consumo de la población son la forma más cómoda y barata de cobrar impuestos, pero es la forma más inequitativa e injusta”, advirtió.

Justicia Fiscal exigió que se transforme la estructura y cultura de gasto público prevaleciente en el país, y que se establezca un régimen de consecuencias que norme y sancione la irresponsabilidad fiscal.

Explicó que, de no ser así,  no habrá garantía de que los incrementos en la presión tributaria se conviertan en instrumentos para elevar la calidad de vida de la población más empobrecida.

“Leonel conoce bien que en su administración no hizo ningún esfuerzo mejorar la calidad del gasto, ni para racionalizar ni mejorar la costo eficiencia de las inversiones públicas. Por el contrario, se banalizaron los procedimientos de la ley de compras, concursos y concesiones gubernamentales y se mandó al cementerio de la planificación económica el sistema nacional de planificación de inversión pública (SNIP) y sus diseños de programas por resultados”, dijo Justicia Fiscal.

Subrayó que el ex presidente Fernández, el Consejo de Ministros y el Congreso le mintieron al país cuando aprobaron un presupuesto 2012 cargado de incoherencias y falsedades, que ignoraban los principios de integridad y sinceridad establecidos en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público 423-06.

“¿Cómo explica el ex presidente y su equipo técnico la aprobación de un presupuesto 2012 con un déficit de RD$22,000 millones y luego anuncian al país que el déficit fiscal proyectado es de RD$187,000 millones? ¿Qué dicen las leyes del país sobre ese estilo de gasto público?”, se preguntó la entidad.

El Movimiento Justicia Fiscal reiteró su disposición de construir y desarrollar un movimiento social comprometido con el impulso de políticas fiscales equitativas y justas, y a luchar por un pacto fiscal justo a mediano y largo plazo, que transforme la  estructura fiscal dominicana mejorando la calidad del gasto y orientándolo a necesidades colectivas.

Hizo un llamado a  la ciudadanía a manifestarse pacíficamente, de forma creativa, con indignación y contundencia cívica, así como mantenerse en alerta e impulsar entre un proyecto de nación que garantice una vida digna a toda la población.

“El momento es para aumentar la lucha y llevarla a todos los rincones de la geografía nacional y contribuir hacer realidad una República Dominicana justa, igualitaria, que honre el desarrollo social consagrado en la constitución”, precisó.

Fuente: Acento

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