1.- Por distintos lugares del territorio nacional dominicano se mueven miles de mujeres y
hombres profesionales del derecho, de origen humilde, llenos de precariedades, pero con
mucha dignidad y sentido de laboriosidad honrando la toga y el birrete.
2.- Ser víctima de la pobreza, por la desigualdad que genera el sistema social injusto que
padecemos aquí, no es justificación para hacerse de un título de licenciado en derecho y
utilizarlo para enriquecerse mediante el robo.
3.- Se está dando el penoso caso de que de los miembros del Colegio de Abogados de la
República Dominicana, una minoría insignificante, colocándose al margen de la ética y la
moral profesional, se está dedicando a deshonrar a los abogados y abogadas honrados
llenando de afrenta a la profesión.

I.- Explicación y motivo de una publicación previa

4.- Hace algunos días hice una publicación con el título: “Advertencia a Bancos y entidades
financieras, ante fraudes inmobiliarios”, y decía que el fin perseguido con el contenido no era
crear un estado de alarma en el sector, sino llamar la atención sobre algo que es de mi
conocimiento y es posible que les afecte, porque se están poniendo en práctica mecanismos
fraudulentos, con apariencia de legalidad, para despojar de inmuebles a legítimos propietarios
y de sus acreencias al sector financiero.
5.- En mi escrito anterior, al hacer mención a Bancos y financieras partía de lo que expongo
a continuación.
6.- En la línea noroeste, la compañía Block Agregados Noroestana, S.R.L., propietaria
de varios inmuebles, otorgó dos hipotecas en provecho de la RM OVALLE INVESTIMENT,
S.R.L., por una suma superior a los RD$ 33 millones de pesos. Mediante operaciones
fraudulentas la dueña de los terrenos concedidos en garantía fue despojada de los mismos, y
también fue víctima su acreedora con procedimientos ilegales.
7.- La RM OVALLE INVESTIMENT, S.R.L., enterada de la situación ilegal en su contra, para
fundamentar su demanda en nulidad y quedara sin efecto el daño que se le ocasionó con la
trampa, interpuso una acción judicial con los siguientes argumentos:
a.- “La sociedad de comercio BLOCK AGREGADOS NOROESTANA, S.R.L., es propietaria de
tres (3) inmuebles, los cuales se describen a continuación: 1) Inmueble identificado como la

parcela 153-A-Ref. 2, del Distrito Catastral No. 19, Municipio de Guayubín, Provincia de
Montecristi, que tiene una superficie de 1,500,000.00 metro cuadrados, identificada con la
matricula 130011045 propiedad de BLOCK AGREGADOS NOROESTANA, S.R.L., 2)
Inmueble identificado como la parcela 215758095084 del Distrito Catastral No. 19, Municipio
de Guayubín, Provincia de Montecristi, que tiene una superficie de 1,653,901.80 metros
cuadrados, identificada con la matricula 1300012192 propiedad de BLOCK AGREGADOS
NOROESTANA, S.R.L.; 3) Inmueble identificado como la parcela 153-A-Ref. 3, del Distrito
Catastral No. 19, Municipio de Guayubín, Provincia de Montecristi, que tiene una superficie de
500,000.00 metro cuadrados, identificada con la matricula 1300011046 propiedad de BLOCK
AGREGADOS NOROESTANA, S.R.L.”
b.- “En fecha 30 de abril de 2014, fueron suscritos tres (3) contratos de hipoteca convencional
sobre los indicados inmuebles, en provecho de la RM OVALLE INVESTIMENT, S.R.L,
otorgando en garantía los indicados inmuebles, por un monto de diez millones de pesos
dominicanos (RD$ 10, 000,000.00).
c.- “En fecha 30 de junio de 2014, fueron suscritos dos (2) contratos de hipoteca convencional
sobre los indicados inmuebles, entre la RM OVALLE INVESTIMENT, S.R.L., (acreedora) y la
sociedad BLOCK AGREGADOS NOROESTANA, S.R.L., otorgando en garantía los indicados
inmuebles, por un monto de cinco millones de pesos dominicanos (RD$ 5, 000,000.00). El
monto total de la deuda debido al impago a la fecha es de la suma de TREINTA Y TRES
MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS DOMINICANOS
(RD$ 33, 079,480.00), sin perjuicios de los interés por vencer”.
d.- “La Cámara Civil y Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Montecristi, fue apoderada de un procedimiento de embargo inmobiliario, a
persecución y diligencia de PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ CABA, en contra de la sociedad de
comercio BLOCK AGREGADOS NOROESTANA, S.R.L., parte embargada, por la suma de un
millón setecientos dieciocho mil ochenta y un pesos dominicanos con 90/100.- (RD$
1,718,081.90), sin que el acreedor inscrito en primer y segundo rango, tenga conocimiento
del anómalo y subrepticio procedimiento de expropiación forzosa”.
e.- “El título que sirvió de base a la inscripción de la hipoteca judicial definitiva lo fue una
sentencia laboral Núm., 238-2017-SSEN-00031, de fecha 31 de octubre de 2017, dictada por
la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Montecristi, a favor del persiguiente PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ CABA, por la suma de
seis cientos mil pesos dominicanos (RD$ 600,000.00), mediante un acto auténtico contentivo
de la cesión de los derechos de los trabajadores, de fecha 02 de enero de 2018”.
f.- “El acreedor inscrito en primer y segundo rango nunca tuvo conocimiento del anómalo
procedimiento de embargo inmobiliario, alegadamente bajo el procedimiento abreviado del

persiguiente PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ CABA, en razón de que notificaron en un alegado
domicilio social ubicado en el Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros (casa marcada
con el No.15 de la calle los Rosales, del sector Los Álamos de la ciudad de Santiago de los
Caballeros), en donde radica el domicilio social del acreedor inscrito, cuando lo cierto es que
el registro mercantil de la empresa es en la ciudad de Santo Domingo, domicilio social abierto
en la Av. Winston Churchill, Plaza Las Américas II, Suite 24-B, Sector Evaristo Morales, Santo
Domingo, República Dominicana, tal como se comprueba de una certificación, como del
registro mercantil de la Cámara de Comercio de Santo Domingo.
8.- No hay lugar a ninguna duda, pues, como bien expresa la RM OVALLE INVETIMENT,
S.R.L., todo el procedimiento doloso, fraudulento, espurio, fue con el macabro propósito de
que el acreedor hipotecario en primero y segundo rango nunca tuviera conocimiento del
procedimiento de expropiación forzosa, para que no pudiera hacer los reparos al pliego, exigir
la cláusula de previo pago, y las modificaciones e inserciones de su crédito, pero además,
esos actos nunca cumplieron con el voto de la ley, porque jamás llegaron a manos de su
destinatario, constituyendo una violación al debido proceso de ley, y la tutela judicial efectiva
que consagra el artículo 69 de la Constitución de la República.
II.- Notificaciones en el aire también hacen víctima a una financiera
9.- La clandestinidad en las notificaciones fue el medio fraudulento para despojar a la Block
Agregados Noroestana, S.R.L., de los terrenos de su propiedad y, de igual manera, lo
subrepticio, lo oculto se puso en juego para “volar”, eliminar ilegalmente el crédito de la RM
OVALLE INVETIMENT, S.R.L. Tomó su imperio el engaño para que se impusiera la trampa y
lo encubierto sobre lo público. Cuando la defraudación desempeña el papel de primer orden
en un medio social, de inmediato predomina lo tramposo.
10.- Como quien no quiere la cosa, así por así, tranquilamente, como si la República
Dominicana fuera el paraíso para algunos abogados y alguaciles, tenemos que:
a.-) En la línea noroeste la familia Jorge Metz, con ardid fue despojada de 612,429 metros
cuadrados
b.- También en la línea noroeste a la compañía Block Agregados Noroestana, S.R.L, mediante
el fraude le fueron arrancados 3,653, 901.50, metros cuadrados;
c.- En la ciudad de Santiago de los Caballeros, a un médico ciudadano norteamericano, con
trampas lo timaron, en zona urbana, con 7, 735 metros cuadrados;

d.- A la financiera RM Ovalle Invetiment, S.R.L., le dieron un sablazo, le robaron la cantidad
de RD$ 33, 079,480.00.
11.- Aunque el lector o la lectora no lo crea, por esas calles de Dios andan profesionales del
derecho que tienen en su patrimonio, sustraídos, la cantidad de cuatro millones, doscientos
setenta y cuatro mil, cero sesenta y cinco, punto, cincuenta metros cuadrados, (4, 274, 083.
50 m²); y la suma de treinta y tres millones, setenta nueve mil, cuatrocientos ochenta pesos
dominicanos, (RD$ 33, 079,480.00), sustraídos a una financiera
12.- Lo peor de todo es que las operaciones dolosas que dieron origen al despojo de la
cantidad de millones de metros cuadrados y el robo en dinero, han quedado como si nada
ha pasado. La impudicia y la desvergüenza no deben avasallar impunemente en una sociedad
supuestamente civilizada y donde aparentemente existe un Estado de derecho.
13.- De seguro que ningún inversionista extranjero, debidamente informado de la forma fácil
que un propietario es despojado de lo que legalmente ha adquirido, jamás va a venir a la
República Dominicana a comprar un inmueble, sin importar que sea en la zona urbana o rural.
Los inversionistas honrados no invierten su dinero allí donde no es sancionado el robo. La
incertidumbre no forma parte de la cultura de quienes se dedican a llevar sus capitales al
extranjero. Ellos se mueven hacia países en los cuales funciona la claridad, la legalidad y la
justicia sin distinción alguna.
14.- Las entidades financieras, al igual que los dueños de inmuebles de gran valor, no gozan
aquí de ninguna garantía, ya que la firmeza de sus inversiones dependen del capricho y la
voluntad delincuencial de aquellos que están investidos como profesionales del derecho, no
para honrar la ley, sino para prostituir su actividad y enriquecerse por medios fraudulentos.
Timar en forma descarada, quitar con trampas y rapiñar sin ser sancionados, es algo común
en el quehacer de los togados que viven del fraude.
15.- Sorprende que un grupo accione libre e impunemente lesionando a personas e
instituciones sin ser tocado por los organismos encargados de aplicar la ley y velar por los
derechos de los ciudadanos. Una sociedad humana se siente desamparada, como que se le
ha dado la espalda, cuando ve que sus miembros decentes y laboriosos están desatendidos
por los órganos encargados de protegerlos.

III.- El Ministerio Público debe accionar

16.- El Ministerio Público está en la obligación de ir en su ayuda y perseguir a los agresores
cuantas veces una persona es lesionada en su vida o en sus bienes; y una vez comprobada
la responsabilidad del delincuente, la acción pública debe ser puesta en movimiento. La falta

de castigo al violador es demostración de perdón al delito, mientras el castigo al que viola la
ley invita al escarmiento.
17.- Las víctimas de las operaciones dolosas ejecutadas por abogados y alguaciles, tienen
justificados razones para creer que el servicio judicial del país permanece en absoluta
postración, partiendo de que la vara de la justicia no alcanza a los que se creen dueños y
señores para delinquir y disfrutan de los bienes sustraídos sin ser sancionados. Mientras que
el delincuente anda erguido y desafiante, al que le roban luce arrodillado y desalentado.
18.- El derecho de las personas físicas y jurídicas sobre sus propiedades inmobiliarias es
completamente frágil en nuestro país, lo mismo que las garantías hipotecarias. La
inestabilidad es fruto de la inconsistencia de la justicia ordinaria para enfrentar a los
delincuentes presentes en un sector de los abogados y de los ministeriales. Ha desaparecido
la solidez del respeto que se supone debe acompañar la condición del poseedor legítimo.
19.- Porque no se ha actuado contra los abogados, alguaciles y demás cómplices que se han
dedicado durante varios años a robar inmuebles a legítimos propietarios, es que ellos siguen
en sus operaciones fraudulentas como si cometer un delito no fuera nada irregular. Las
tropelías cometidas por abogados hay que pararlas porque de lo contrario las infracciones van
a continuar como si formaran parte de la moral de los profesionales del derecho.
20.- El silencio contra las operaciones dolosas de los profesionales del derecho que dañan, no
debe continuar. Por el contrario, hay que denunciarlas; reclamar que se le aplique la ley a
quien la viola. Hay que quejarse para que lo mejor de la sociedad dominicana sepa que los
hombres y mujeres de la toga y el birrete son, en su gran mayoría, personas decentes, de
buen vivir, verdaderos colaboradores, auxiliares de la justicia y aliados de las causas justas.
IV.- Las víctimas de los fraudes en la línea noroeste, su sufrimiento y el
proceder del Ministerio Público
21.- De las víctimas de los abogados y alguaciles delincuentes, las que más sufren son las de
la línea noroeste, porque no solo están maltratadas por los que les roban, sino también por el
proceder de la mayoría de los encargados de accionar en nombre de la justicia, todo por la
contaminación que han esparcido por el Departamento Judicial de Montecristi, los
sinvergüenzas y vagabundos que tienen excelentes vínculos con empleados y funcionarios
judiciales.
22.- En verdad llama la atención el estado de ánimo al no sentir preocupación; la indiferencia
que han puesto en evidencia aquellos que están en el deber de amparar a los que despojaron
de sus propiedades mediante procedimientos engañosos pensados por abogados y

ejecutados por alguaciles. Lo que se observa es total abulia; completa apatía; indolente
desdén y alarmante tibieza para no enfrentar a los autores de los fraudes.
23.- Sería bueno saber si quien hace de Procurador Fiscal en Montecristi, ha hecho las
investigaciones de lugar para conocer qué es de los terrenos de la familia Jorge Metz, y quién
tiene el control de las propiedades de las cuales fue despojada la compañía Block Agregados
Noroestana, S.R.L. El fiscal, se supone, representa a la sociedad y tiene de aliada a la ley.
Por tanto, cualquier asunto donde está de por medio la criminalidad, la delincuencia, es deber
del representante del Ministerio Público decir: aquí estoy yo.
24.- Lo deseable es que todas las personas relacionadas con el Poder Judicial en Montecristi,
tuvieran la buena imagen de la magistrada del Tribunal de Tierras, la cual luce como una rosa
blanca en un pantano. En todo caso, corresponde a la comunidad decente de Montecristi,
luchar para que todos sus servidores en el tren judicial sean confiables por entero, porque
solamente así dejarían de imponer sus condiciones los abogados que se dedican a delinquir
y los alguaciles que les secundan

Santiago de los Caballeros,
30 de enero de 2020.